Un comentario de Héctor García Montiel
La presencia de estudiantes universitarios en el campamento de las FARC bombardeado el 2 de marzo, tiene varias implicaciones en nuestro país.
1. El gobierno calderonista podría empezar a ver en la Universidad un reducto de estudiantes con pretensiones revolucionarias y guerrilleras. Con el antecedente de agresión policíaca de la PFP contra la APPO, es posible que el gobierno federal intente involucrar a algunos grupos estudiantiles en actividades revolucionarias. El discurso de la “nueva guerra fría” en ahora contra el terrorismo. Las FARC son una organización considerada por muchos países, entre ellos Estados Unidos y varios de la Unión Europea, como terrorista. En este contexto, la Universidad se encuentra vulnerable ante posibles ataques que vinculen a sus estudiantes con actividades guerrilleras.
2. Más allá de la supuesta participación de los estudiantes universitarios como posibles guerrilleros, las autoridades de la Universidad han dejado claro que en la máxima casa de estudios se respeta y se respetará la posición ideológica de todos sus estudiantes. Debemos presionar para que esto sea así y no se tome de pretexto para clausurar algunos espacios universitarios.
3. Desde el estudiantado puede darse el fenómeno de martirizar a los compañeros asesinados, y convertir este hecho en una mecha que puede desencadenar una movilización estudiantil de mayores proporciones. Los estudiantes universitarios deben tener presentes que sus compañeros no estaban armados ni murieron en situación de combate: fueron asesinados.
El asesinato cobarde de los miembros de las FARC y de quienes se encontraban con ellos sebe ser condenado no sólo por la comunidad universitaria. Se debe exigir ante las cortes internacionales que se juzgue al presidente Uribe. El bombardeo, que coincide con un proceso de liberación de rehenes, puede detener el proceso de paz que la sociedad colombiana reclama. En abril de 1997, el presidente peruano Alberto Fujimori realizó una acción similar contra un comando armado del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que tenía tomada la residencia del embajador japonés en Perú. El saldo: todos los guerrilleros muertos y con tiro de gracia, a pesar de que se habían rendido. Diez años después el exmandatario peruano comienza a ser juzgado por la justicia. Esperemos que los organismos colombianos, ecuatorianos e internacionales de derechos humanos no tarden tantos años en empezar la investigación y en señalar sus conclusiones.
La presencia de estudiantes universitarios en el campamento de las FARC bombardeado el 2 de marzo, tiene varias implicaciones en nuestro país.
1. El gobierno calderonista podría empezar a ver en la Universidad un reducto de estudiantes con pretensiones revolucionarias y guerrilleras. Con el antecedente de agresión policíaca de la PFP contra la APPO, es posible que el gobierno federal intente involucrar a algunos grupos estudiantiles en actividades revolucionarias. El discurso de la “nueva guerra fría” en ahora contra el terrorismo. Las FARC son una organización considerada por muchos países, entre ellos Estados Unidos y varios de la Unión Europea, como terrorista. En este contexto, la Universidad se encuentra vulnerable ante posibles ataques que vinculen a sus estudiantes con actividades guerrilleras.
2. Más allá de la supuesta participación de los estudiantes universitarios como posibles guerrilleros, las autoridades de la Universidad han dejado claro que en la máxima casa de estudios se respeta y se respetará la posición ideológica de todos sus estudiantes. Debemos presionar para que esto sea así y no se tome de pretexto para clausurar algunos espacios universitarios.
3. Desde el estudiantado puede darse el fenómeno de martirizar a los compañeros asesinados, y convertir este hecho en una mecha que puede desencadenar una movilización estudiantil de mayores proporciones. Los estudiantes universitarios deben tener presentes que sus compañeros no estaban armados ni murieron en situación de combate: fueron asesinados.
El asesinato cobarde de los miembros de las FARC y de quienes se encontraban con ellos sebe ser condenado no sólo por la comunidad universitaria. Se debe exigir ante las cortes internacionales que se juzgue al presidente Uribe. El bombardeo, que coincide con un proceso de liberación de rehenes, puede detener el proceso de paz que la sociedad colombiana reclama. En abril de 1997, el presidente peruano Alberto Fujimori realizó una acción similar contra un comando armado del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que tenía tomada la residencia del embajador japonés en Perú. El saldo: todos los guerrilleros muertos y con tiro de gracia, a pesar de que se habían rendido. Diez años después el exmandatario peruano comienza a ser juzgado por la justicia. Esperemos que los organismos colombianos, ecuatorianos e internacionales de derechos humanos no tarden tantos años en empezar la investigación y en señalar sus conclusiones.
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